La vivienda y su entorno condicionan la salud de las personas, según la OMS, como determinante de Desigualdades Sociales. Según los resultados de investigación sobre COVID-19 y vivienda del consorcio, la calidad y características del espacio doméstico resultan aún más relevantes para el bienestar de sus moradores.
La calidad ambiental interior (calidad del aire, aislamiento termo-acústico, iluminación natural) y el confort térmico, se han visto comprometidos. Otros parámetros (antigüedad de vivienda, construcción, y conservación), condicionan la calidad residencial, la higiene y seguridad. Todos ellos definen la habitabilidad.
La ineficiencia energética de los espacios, por falta de aislamiento y mala ejecución o selección de materiales, origina pobreza energética, o incapacidad de afrontar el gasto energético para alcanzar confort, necesario para el bienestar y la salud humanos.
Los escenarios fijados por el IPCC para los próximos 30 años, prevén subidas de temperatura mayores de 1.5ºC y eventos extremos (olas de calor/frío) más frecuentes, entre otras emergencias socio-sanitarias. Existen evidencias sobre la vivienda como factor protector de la salud ante la vulnerabilidad a temperaturas extremas, pero pocas cumplen las exigencias.
Urge dotar a la vivienda de una habitabilidad mínima ante dichos escenarios.
El ámbito de estudio es México, Bolivia y Chile, regiones con múltiples microclimas, muy azotadas por catástrofes, la COVID y el Cambio Climático, y el Sur de Europa (España y Portugal), castigadas por eventos climáticos extremos.